Reforma educativa en un contexto de gobernabilidad del capitalismo neoliberal en México: ¿Competir o compartir la vida?
Por: Ik Yaxhilan
“[…] Les dijimos que “conocemos a los charros. Primero decretan un receso, luego se llevan a los delegados afines y sesionan en lugar remoto para legalizar la imposición de un comité seccional espurio. Ya no confiamos en ellos, por eso se negó la salida a todo delegado. Sólo exigimos que regresen a la mesa los enviados del SNTE: Luis Manuel Armendáriz, Aquiles Cortés, secretario de organización, y Job Bernache Guzmán”, quien presidía los trabajos del congreso…”[1].
Estas eran las palabras de Alberto Mirón Vázquez, integrante de la dirección política del Bloque Democrático de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) horas previas a un violento desalojo en dónde decenas de maestros resultaron heridos y algunos detenidos por agentes de la policía estatal y cuerpos de élite de esa corporación del recinto donde se realizaban los trabajos del 26 Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 7 del (SNTE), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La voz de los disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es reprimida sin mayor excusa que la falta de quórum para establecer una dirigencia a modo y forma, que no cuestione el proyecto y la política educativa impulsada por el Estado Mexicano a través de un ejecutivo federal que adolece de legitimidad en una gran parte de la población mexicana. El contexto inmediato, la recién aprobada reforma educativa en todo el país. Pero, ¿En que consiste dicha reforma educativa?, ¿Cuáles son la modificaciones constitucionales que implican la aprobación de dicha reforma? Veamos.
A inicios de este año se publicó el decreto de Reforma educativa por la Secretaría de Gobernación de la actual Régimen de Gobierno, que en lo general se presento como una reforma educativa que busca eliminar los errores y deficiencias en materia educativa, así como una reestructuración de los mecanismo ingreso para ejercer la labor docente en todas las escuelas del país[2]. En este sentido las reformas realizadas a los artículos 3 y 73 constitucional son las siguientes: Se hace una modificación al artículo 3 a fin de incluir la palabra “calidad” en la redacción;
“[…] El Estado garantizará la “calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”
Para el el caso de la Fracción III –de ese mismo artículo- se establece que
“[…] el Ejecutivo Federal determinara los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la republica. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerara la opinión de los gobiernos de los estados y del distrito federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado, se llevaran a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan...”
Muestra de cómo se ha privilegiado y dado prioridad a la educación privada por encima de la responsabilidad que tiene el Estado de otorgar educación pública, gratuita y armónica en el desarrollo del sujeto, es el fomento de la promoción de créditos a través del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PNFE), con el que se busca destinar 2 mil 500 millones de pesos para créditos educativos en instituciones particulares, promoción de créditos, que expone una estrategia orientada a privatizar la formación –en este caso- universitaria en beneficio de los grupos bancarios y crediticios. Incomprensibles programas de crédito brindados a las universidades privadas cuando las universidades públicas enfrentan déficit financiero que, como en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde se podría salir adelante con una inversión adicional de sólo 200 millones de pesos. Y qué, cómo expone el rector de esa misma Universidad, Fernando Bilbao, los programas de créditos para la educación superior: “se trata de una estrategia del gobierno federal para dar una alternativa al problema de la cobertura, pero al final se fortalece la privatización de la educación” [5].
De esta manera y frente a la profundización de la gobernabilidad del Estado capitalista neoliberal en México, se puede exponer que el fin de dicha refuncionalización del sistema educativo, obedece al carácter mercantil concentrador de los poderes económicos que ven en la educación un nicho de mercado más; en esté sentido, tanto la reforma curricular en las escuelas normales -y que viene a completar el ciclo de reformas parciales tanto en Educación Básica y Media como en la formación inicial de profesores: Educación Preescolar, 2004; Educación Secundaria, 2006; Educación Primaria y Bachillerato, 2009; Educación Básica (RIEB), 2011- no se desliga de dicho proceso privatizador. Ya que en el fondo lo que se pretende impulsar es la readecuación del papel del sistema educativo que busca por un lado, generar las condiciones desde la estructura y el ejercicio del gobierno del Estado mexicano, para cumplir los requerimientos sistémicos del capitalismo dentro del marco de la división internacional del trabajo, y por otro lado, incorporar sistemas cognitivo-pedagógicos orientados al desarrollo de criterios de “competencias” en ocupaciones especificas calificadas (enseñanza vocacional terminal) desligadas de los procesos reflexivos y armónicos como sujetos inherentes a las condición humana[6].Y para muestra de dicha intencionalidad de generar espacios laborales una vez terminado el bachillerato, sea general o bivalente –enseñanza vocacional terminal-, la realidad indomable:
“Al dar a conocer algunos resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al quinto mes de 2013, el organismo señaló que 70.8 por ciento de la desocupación está constituida por personas con estudios de bachillerato y nivel superior, mientras 29.2 por ciento corresponde a individuos que no terminaron la secundaria…”[7].
“Al dar a conocer algunos resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al quinto mes de 2013, el organismo señaló que 70.8 por ciento de la desocupación está constituida por personas con estudios de bachillerato y nivel superior, mientras 29.2 por ciento corresponde a individuos que no terminaron la secundaria…”[7].
Asimismo, cambia el artículo 73, Fracción XXV que establece:
“[...] para establecer el servicio profesional docente en términos del articulo 3o. de esta constitución; establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas practicas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones…”
“[...] para establecer el servicio profesional docente en términos del articulo 3o. de esta constitución; establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas practicas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones…”
Dicha reforma crea a su vez en su fracción IX del artículo 3
“[…] el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al cual corresponderá evaluar la calidad, desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional…”[3]
Ante dicha reforma, la preguntas son inevitables: ¿Acaso será que copiando los módelos de gestión de la iniciativa privada, aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se podrán resolver los rezagos educativos que cada entidad de nuestro país presenta?. ¿En verdad era necesario la creación de un servicio profesional docente para asegura una reforma educativa integral?. ¿Qué papel juegan organismo e intereses externos como la OCDE, el FMI y el BM, en la implementación de dicha reforma educativa?, ¿Dónde quedan los criterios cognitivos, pedagógicos, socio-culturales que hagan énfasis en la formación armónica del sujeto tal y como plantea la constitución en ese mismo artículo 3 de nuestra constitución citado en párrafos anteriores?. Estás preguntas tendrían que ser el piso de una primera reflexión sobre dicha reforma, sus impactos en el corto plazo y sus consecuencias en la formación de sujetos de cara a un contexto donde los criterios empresariales son los que determinan todas las aristas de la realidad material concreta. En esta línea el Artículo 3 de la constitución expone:
“[Dónde la educación]; que imparta el Estado tendera a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos…”.[4].
Ante dicha normatividad constitucional, las contradicciones ante la realidad mexicana. Apenas en el doloroso sexenio pasado de sangre y guerra el ilegitimo encargado del poder ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, y en contraposición con la constitución, expone su abierta intención de traspolar criterios organizativos de la iniciativa privada -como la calidad, la competencia, la eficiencia, y eficacia- a la política educativa del Estado mexicano. Criterios empresariales que exponen una lógica de anulación del sujeto en sus relaciones elementales de convivencia, ya que la competencia y todos esos criterios organizativos implican en algún momento, la negación del otro, de su naturaleza humana, en beneficio único del lucro en algunos cuantos, todo esto sin contar las recurrente intenciones de privatización y mercantilización de la política educativa en el caso de las escuelas públicas.
O que decir de la terrible y dolorosa realidad de los millones de exlcuidos de las Universidades del país, el caso de los aspirantes rechazado de la UNAM es paradigmático; “[Dónde la educación]; que imparta el Estado tendera a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos…”.[4].
Ante dicha normatividad constitucional, las contradicciones ante la realidad mexicana. Apenas en el doloroso sexenio pasado de sangre y guerra el ilegitimo encargado del poder ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, y en contraposición con la constitución, expone su abierta intención de traspolar criterios organizativos de la iniciativa privada -como la calidad, la competencia, la eficiencia, y eficacia- a la política educativa del Estado mexicano. Criterios empresariales que exponen una lógica de anulación del sujeto en sus relaciones elementales de convivencia, ya que la competencia y todos esos criterios organizativos implican en algún momento, la negación del otro, de su naturaleza humana, en beneficio único del lucro en algunos cuantos, todo esto sin contar las recurrente intenciones de privatización y mercantilización de la política educativa en el caso de las escuelas públicas.
“Carreras como la de médico cirujano en Ciudad Universitaria (CU) presentaron diez mil 9 solicitudes de ingreso, de los cuales nueve mil 329 realizaron el examen y fueron sólo seleccionados sólo 158 estudiantes; para esta opción se requirieron 102 aciertos mínimos en la prueba. En la carrera de Derecho en CU hubo cuatro mil 764 aspirantes, de estos cuatro mil 448 presentaron el examen, se requirió un mínimo de 90 aciertos y fueron seleccionados 227 jóvenes. En ciencias de la comunicación, también en el campus central de la UNAM, dos mil 311 jóvenes presentaron el examen y fueron seleccionados 68, a quienes se les requirió un número de aciertos mínimo de 68…”[8]
En otras palabras, se trata de la integración sistémica de dos procesos aparentemente desligados: la educación y el mundo laboral; de la estrecha conexión entre los niveles educativos y la estratificación ocupacional. Que hoy según los requerimientos y la naturaleza en anarquía permanente de los procesos productivos del capitalismo -taylorismo, fordismo y toyotismo- (que tiene como unidad constitutiva la empresa) obliga a todas las demás aristas que los constituyen como sistema económico, a vincular de manera más eficiente el criterio concentrador en particulares, de la lógica de reducción de costos, y maximización de la ganancia, que tiene como variable, la permanencia y el aseguramiento de la inversión[9].
Así pues las formas y sobre todo el fondo de lo que representa la reforma educativa en nuestro país, es una embestida generalizada de los poderes económicos privados –nacionales y extranjeros- que tiene como punta de lanza al Estado mexicano, a través de su política educativa, por hacer un privilegio de algunos cuantos, el derecho de todos que representa la educación, pero no una educación que haga personas exclusivamente para el mercad de trabajo –capitalista neoliberal-, sino una educación que formé para la vida, para compartir, para aprender y desaprender, que sea capaz de establecer dentro del imaginario colectivo e individual, una relación armónica entre el sujeto, las relaciones humanas y la naturaleza dentro del gran “pluriverso” de naciones, pueblos y comunidades originarias que constituyen a nuestro país, y que exponga a su vez, el “nosotros” como referencia obligada de las relaciones elementales de convivencia, sin dejar de lado, “no sólo la actualización de los planes y programas de estudio, sus funciones en el proceso educativo, la relación de los maestros con estos instrumentos y la forma de elaborarlos y modificarlos, no solamente como simples ejecutores”. Implica como bien lo dice Manuel Pérez Rocha, “Tarea enorme pus, no sólo conocimientos y destrezas, exige un compromiso y una dedicación que no se desarrollan con programas de estímulos económicos, con carreras magisteriales burocráticas y estandarizadas sustentadas en el cumplimiento fiel de instrucciones verticales” [10].
[1] Periódico “La jornada”, 30/06/2013.
[6] Gallart Maria Antonia. “La articulación entre la educación y el trabajo: una construcción social inconclusa”. En: De La Garza, Enrique (Coord). Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques. México: Anthropos –UNAM, 2006. Pág 467 y 468
[9]. Desde la década de los 60 del siglo pasado se exponía una relación entre el desarrollo económico y la educación: Se fueron estructurando corrientes como la del “Capital humano” que atribuía al mayor nivel educativo de los trabajadores un incremento en la productividad que se manifestaba en el crecimiento del producto social y en el diferencial de ingreso de los trabajadores más educados con respecto a los de menos nivel de instrucción. Referencia en Gallart Maria Antonia. “La articulación entre la educación y el trabajo: una construcción social inconclusa”. Op. Cit.
[10]. Ing. Manuel Pérez Rocha cuenta con una especialización en Planificación Educativa en el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación, perteneciente a la UNESCO, París. Maestría en Hidráulica, UNAM. Fundador y ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). “Reforma educativa: primero la pedagogía, luego la administración”. Periódico “La jornada”, 21/02/13.
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